¿Maduro, con el poder total en Venezuela? Seis claves del decreto de conmoción externa que firmó
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
En plena tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, el Gobierno de Venezuela informó este lunes que el presidente Nicolás Maduro “suscribió” un decreto de conmoción externa frente a las “peligrosas amenazas” de Washington.
El documento aún no fue publicado por lo que se desconoce su contenido. Sin embargo, la Constitución prevé que, ante los estados de excepción, un decreto le garantizaría al presidente un poder político, económico y social casi total sobre el país.
La encargada de hacer el anuncio fue vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que afirmó ante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Caracas que este estado de excepción se activaría en caso de una agresión de las fuerzas estadounidenses.
Es la primera vez que se invoca esta figura desde la aprobación de la Constitución vigente en 1999.
El estado de conmoción exterior es uno de los cuatro estados de excepción contemplados en la Constitución venezolana, junto con los de alarma (por una catástrofe, como un terremoto), de emergencia económica (actualmente vigente) y de conmoción interna.
La Carta Magna indica que puede ser decretado en caso de un conflicto que “ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, o de sus instituciones”.
“Un decreto de estado de conmoción exterior como éste implica la restricción de garantías constitucionales”, explicó a CNN Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela.
“La ley de estados de excepción le da al presidente las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico, social”, enfatizó el abogado, aunque recordó que hay excepciones. La Carta Magna aclara que se mantienen las garantías “referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”.
El decreto, según la ley, “entrará en vigencia una vez dictado por el presidente” y deberá ser publicado en la Gaceta Oficial. La medida se prolongará hasta por 90 días, y puede ser prorrogado hasta por 90 días más.
Rodríguez afirmó este lunes que el decreto firmado por Maduro “se activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” contra el país sudamericano.
La ONG Acceso a la Justicia indicó que el decreto “ya entra en vigencia, pues basta con que sea dictado por el presidente en Consejo de Ministros, para que tenga validez”.
La organización advirtió que “aún los venezolanos desconocen los límites y restricciones de este decreto” y por ello urgió a que sea publicado “a fin de que la ciudadanía conozca su contenido”. En ese sentido, recalcó días atrás que “es sumamente grave” que no se haya difundido el documento “porque se desconocen cuáles garantías están siendo restringidas en este momento”.
La vicepresidenta ejecutiva afirmó que Estados Unidos “amenaza” a la nación sudamericana porque “necesita” sus grandes reservas energéticas y minerales. Bajo ese argumento, dijo que la medida busca proteger “la integridad territorial, la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos” de Venezuela.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya anunció, en las últimas semanas, al menos tres ataques letales contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas en aguas del Caribe, en los que han muerto más de una docena de supuestos narcotraficantes. La Casa Blanca, sin embargo, no ha presentado evidencias concretas ni datos de inteligencia que confirmen que las personas abatidas eran delincuentes.
Para Apitz, los fundamentos para un decreto de conmoción externa “no están dados”, ya que Washington no ha declarado la guerra a Venezuela y no ha realizado ataques en su territorio.
Por su parte, Maduro sostuvo este lunes en su programa de televisión Con Maduro+ que Venezuela ha sido agredido “económicamente, psicológicamente y políticamente”.
Rodríguez destacó que el decreto da poderes y “facultades especiales” a Maduro “para actuar en materia de defensa y seguridad”
La funcionaria explicó que en caso de activarse el Gobierno podría movilizar a la Fuerza Armada, tomar militarmente la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su funcionamiento.
Maduro, agregó Rodríguez, podría cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas, así como “activar todo tipo de planes económicos, políticos y sociales” para “garantizar la vida nacional”.
Para Apitz, el Gobierno podría tomar “medidas extraordinarias, no solamente en caso de un ataque” de Estados Unidos, “como llamar al alistamiento obligatorio o expropiar bienes para una supuesta lucha” contra fuerzas estadounidenses. “Mientras el Gobierno se justifique en la amenaza, puede ser en cualquier momento”, sostuvo.
Maduro informó este lunes que comenzó un proceso de consultas sobre el decreto, sin dar mayores detalles.
Apitz comentó que desconoce información sobre ese proceso. “A la sociedad civil no le consultó, a las ONG, a las universidades. (Maduro) Dijo que hay un proceso de consulta, pero ¿dónde fue? No fue público. Para eso hay mecanismos que no se cumplieron”, expresó.
El abogado aseguró que, si bien el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) o por la Justicia, “no hay contrapesos” para el Poder Ejecutivo.
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