Comisión del Congreso recibió pruebas sobre señalamientos de que funcionario del Gobierno instó a ignorar órdenes judiciales
Por Luis Quintana, CNN en Español
El principal demócrata de la Comisión Judicial del Senado obtuvo documentación que respalda la afirmación de un exfiscal federal de que Emil Bove, un alto funcionario del Departamento de Justicia, instó de manera vulgar a otros miembros del departamento a ignorar órdenes judiciales antes de una controvertida situación de control migratorio en marzo.
El denunciante, Erez Reuveni, especialista en derecho migratorio que fue despedido del departamento, declaró previamente al Congreso y a los inspectores generales del poder ejecutivo que Bove se había reunido con abogados del Departamento de Justicia el día antes de que la administración de Trump enviara aviones con migrantes a El Salvador bajo la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros.
Bove, exabogado personal del presidente Donald Trump, ahora aspira a un nombramiento vitalicio como juez de apelaciones.
Las comunicaciones refuerzan principalmente las afirmaciones que Reuveni hizo al Congreso e investigadores independientes, mientras la designación de Bove para el cargo de juez se acerca a la votación. Bove se ha convertido en uno de los candidatos legales más controvertidos de la segunda presidencia de Trump, con un historial judicial escaso, propio de un candidato a un tribunal de apelaciones, y con cuestionamientos éticos sobre su liderazgo en casos de inmigración y su presión dentro del departamento para la desestimación del caso de corrupción criminal contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.
En la reunión de marzo, Reuveni afirmó que Bove “afirmó que el Departamento de Justicia debería considerar decirles a los tribunales ‘¡que se jod#n!’” e ignorar cualquier orden para detener la deportación precipitada de migrantes.
Posteriormente, un juez federal ordenó al departamento que devolviera los aviones. Las acciones de la administración de Trump en los tribunales forman parte ahora de un procedimiento por desacato, actualmente en suspenso.
El caso es uno de los reflejos más destacados hasta la fecha de cómo el Departamento de Justicia ha respondido a las órdenes de jueces de tribunales inferiores, quienes han sido objeto de los repetidos ataques verbales públicos de Trump, y de su agresiva política migratoria de utilizar una facultad presidencial en tiempos de guerra para enviar migrantes a una prisión en El Salvador con escaso o nulo debido proceso.
La secretaria de Justicia Pam Bondi respondió a las acusaciones de Reuveni el jueves, y publicó en redes sociales: “Apoyamos a los denunciantes legítimos, pero este empleado descontento no es un denunciante; es un filtrador que hace declaraciones falsas buscando cinco minutos de fama, justo antes de una audiencia de confirmación y una votación de la comisión”.
“Y a nadie se le pidió que desafiara una orden judicial. Este es otro ejemplo de desinformación difundida para impulsar una narrativa que no se ajusta a los hechos”, agregó Bondi en su publicación.
La secretaria de Justicia también afirmó que Reuveni había sido despedido porque “violó sus deberes éticos con el departamento”.
Reuveni ha negado haber perdido su trabajo porque se quejó internamente de la falta de franqueza del departamento ante el tribunal.
Anteriormente, el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien trabaja estrechamente con Bove en la dirección del departamento, calificó de “falsas” las acusaciones que Reuveni hacía sobre Bove. También criticó la información de los medios sobre la denuncia de Reuveni ante las autoridades.
Durante la audiencia de confirmación de Bove el mes pasado, este declaró ante la comisión que no recordaba haber hecho el presunto comentario.
Bove no forma parte personalmente de las últimas comunicaciones obtenidas por el senador Dick Durbin, el miembro de mayor rango de la comisión. En cambio, las comunicaciones parecen captar conversaciones entre fiscales de menor rango sobre él, con referencias al presunto comentario.
“Supongo que vamos a decir ‘que se jod#n’ ante la corte”, dice un mensaje de texto entre abogados del gobierno.
“Esto no termina con nada más que una orden judicial a nivel nacional”, dice otro mensaje, “y un punto de decisión sobre ‘que se jod#n’”.
Los documentos obtenidos por Durbin incluyen mensajes, intercambios de correos electrónicos y documentos de Reuveni, después de que Durbin solicitara documentación para corroborar las afirmaciones de Reuveni.
Durbin, en un comunicado el jueves, defendió a Reuveni como un “leal servidor público”. Compartió las acusaciones sobre Bove “por principios, no por motivos políticos”, dijo Durbin.
Las comunicaciones también parecen indicar que Reuveni y otros dudaban de la veracidad de las declaraciones de otro alto abogado del Departamento de Justicia ante un tribunal, y que cuestionaron repetidamente las afirmaciones de que un salvadoreño enviado por error a El Salvador tenía influencia en una pandilla, como afirmó el gobierno.
“Estos episodios solo pueden llevar a una conclusión: Emil Bove no debería estar ni cerca de la magistratura federal”, afirmó Durbin. “Esto va más allá de una simple palabrota. Es una declaración de desafío a nuestros tribunales al más alto nivel de nuestro gobierno por parte de un hombre que ahora aspira a un nombramiento vitalicio en uno de los tribunales más importantes de nuestro país”.
El senador demócrata añadió: “Si el Sr. Bove simplemente no recuerda nada de esto y exige a sus subordinados que renuncien a sus obligaciones profesionales, no tiene el juicio moral ni el carácter necesarios para ocupar un puesto vitalicio en el tribunal federal”.
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