Qué dice la primera apelación del segundo mandato de Trump a la Corte Suprema y por qué la presentó
Por John Fritze, CNN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Corte Suprema por primera vez en su segundo mandato, utilizando una apelación de emergencia para pedir a los ministros que le permitan despedir al jefe de una agencia gubernamental de vigilancia ética.
El caso, Bessent contra Dellinger, podría ayudar a aclarar si el Congreso puede crear agencias independientes que estén protegidas de los caprichos de la Casa Blanca, o si los presidentes pueden despedir a cualquiera que se considere un crítico potencial.
Llega en un momento en el que Trump está intentando consolidar el poder dentro del gobierno federal, destituyendo sumariamente a los funcionarios federales que podrían desafiarlo e intentando congelar los fondos federales que el Congreso ha exigido que se gasten.
A continuación, te presentamos el caso y por qué es importante:
En el centro de la disputa se encuentra Hampton Dellinger, a quien el presidente Joe Biden nombró en 2023 para dirigir la Oficina del Fiscal Especial por un período de cinco años. Fue confirmado por el Senado a principios del año pasado.
La Oficina del Fiscal Especial, que no está relacionada con fiscales especiales como Jack Smith o Robert Mueller, nombrados para supervisar investigaciones políticamente delicadas del Departamento de Justicia, se ocupa de las denuncias de represalias contra denunciantes y es un organismo independiente. Creada durante la administración Carter, el Congreso dejó claro que el fiscal especial podía ser destituido “por el presidente únicamente por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o malversación en el cargo”.
El director de la Oficina de Personal Presidencial de la Casa Blanca despidió a Dellinger el 7 de febrero a través de un breve correo electrónico. El correo electrónico no citaba ninguno de los requisitos de causa justificada exigidos por el Congreso.
“En lugar de obstaculizar la agenda regulatoria sustantiva del presidente, la independencia de la OSC protege y asegura a los denunciantes”, dijo el abogado de Dellinger en una presentación reciente. “Si el funcionario encargado de proteger a los denunciantes de represalias es él mismo totalmente vulnerable a represalias y destitución por asumir casos políticamente cargados o inconvenientes, entonces el propósito de protección de denunciantes de la OSC podría fallar cuando más se necesita”.
El caso de Dellinger podría tener implicaciones más allá de su cargo, porque Trump ha despedido a otros funcionarios de agencias independientes que tienen protecciones legales similares, como el expresidente de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y un miembro de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito. Y muchas otras agencias independientes podrían verse afectadas por las decisiones del tribunal superior, desde la Comisión Federal de Comercio hasta la Reserva Federal.
El Congreso concedió independencia a esas juntas para que pudieran tomar decisiones con una distancia de la política del momento. Durante su primer mandato, por ejemplo, Trump se apoyó repetidamente en la Reserva Federal para fijar tasas más bajas. La Junta lo ignoró en gran medida. Una tasa más baja puede hacer subir el precio de las acciones y abaratar el dinero prestado, lo que a menudo aumenta la popularidad de un presidente. Pero la bajada de las tasas de interés también puede alimentar una mayor inflación.
La Oficina del Fiscal Especial investiga y procesa las denuncias de abusos de la ley de la función pública y sirve como una entidad independiente donde los empleados federales pueden denunciar irregularidades sin sufrir represalias por parte de los líderes políticos de sus agencias. La Junta de Protección de Sistemas de Mérito puede adjudicar esos casos si un empleado y las agencias gubernamentales no pueden resolver una disputa por sí mismos.
Aunque son poco conocidos fuera del gobierno federal, ambos consejos podrían desempeñar un papel fundamental a la hora de frenar los esfuerzos de Trump por reducir masivamente el tamaño del gobierno federal.
Los partidarios de Trump señalan que se presentó en parte para sacudir —y recortar— el gobierno federal. Como jefe del poder Ejecutivo, ha argumentado, se le debería permitir despedir a funcionarios del gobierno federal a voluntad.
“Este tribunal no debería permitir que los tribunales inferiores se apropien del poder Ejecutivo dictándole al presidente cuánto tiempo debe seguir empleando a un jefe de agencia en contra de su voluntad”, dijo la procuradora general interina Sarah Harris, que representa a la administración Trump en la Corte Suprema, a los jueces en su apelación de emergencia este fin de semana.
Pero Trump también está eligiendo un bando en una disputa legal mucho más amplia sobre si un presidente debe tener el control total del poder Ejecutivo o si el Congreso puede crear agencias federales independientes y protegerlas de la presión política. Esa lucha se ha librado durante décadas y varios de los jueces conservadores de la Corte Suprema han señalado durante años que pueden estar de acuerdo con la posición subyacente de Trump.
Las protecciones por causa justificada para los funcionarios federales han sido controvertidas durante mucho tiempo. Aunque el presidente Jimmy Carter firmó la ley que creó la función del fiscal especial, su propio Departamento de Justicia cuestionó inicialmente la constitucionalidad de esas protecciones.
El caso de Dellinger se basa en parte en un precedente fundacional de 1935, Humphrey’s Executor v. US, que permite al Congreso exigir a los presidentes que demuestren una causa, como una malversación, antes de destituir a los miembros de la junta que supervisan los organismos independientes.
Pero los conservadores de la Corte Suprema se han distanciado de esa decisión en los últimos años, sobre todo en una decisión de 2020 relativa a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. En ese caso, Seila Law contra CFPB, el tribunal sostuvo que las protecciones para el director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor violaban los principios de separación de poderes. Esa controvertida agencia, originalmente concebida por la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren, se creó en respuesta a la crisis financiera de 2008 y ha aprobado regulaciones favorables a los consumidores sobre hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.
El poder del presidente de “destituir y, por tanto, supervisar a quienes ejercen el poder Ejecutivo” emana directamente de la Constitución, escribió el presidente de la Corte Suprema John Roberts en nombre de la mayoría.
“El director de la CFPB no tiene jefe, compañeros ni votantes a los que informar. Sin embargo, el director ejerce una amplia autoridad normativa, ejecutiva y judicial sobre una parte importante de la economía estadounidense”, escribió Roberts.
En una sección que Dellinger ha señalado repetidamente en los documentos judiciales, Roberts mencionó la Oficina del Fiscal Especial en su opinión y, lo que es más importante, pareció distinguirla de la CFPB.
El fiscal especial “ejerce una jurisdicción limitada para hacer cumplir ciertas normas que rigen a los empleadores y empleados del gobierno federal”, escribió Roberts. “No vincula en absoluto a las partes privadas ni ejerce una autoridad reguladora comparable a la de la CFPB”.
La decisión del tribunal por 5 votos a favor y 4 en contra mantuvo la decisión de la Corte Suprema, y Roberts señaló que solo se aplicaba a agencias independientes dirigidas por un solo director en lugar de por juntas directivas de varios miembros. Pero algunos miembros del tribunal han pedido abiertamente el fin del precedente de Humphrey’s.
El juez conservador Clarence Thomas, junto con el juez Neil Gorsuch, describió el precedente de 1935 como una “amenaza directa a nuestra estructura constitucional y, como resultado, a la libertad del pueblo estadounidense”.
Es importante señalar que la apelación de emergencia sobre la destitución de Dellinger llega a la Corte Suprema en una postura de emergencia.
Por eso, el tribunal podría resolverlo rápidamente sin decir mucho, o nada, sobre estas cuestiones más importantes sobre la constitucionalidad de las protecciones por causa justificada.
En el caso de Dellinger, un tribunal federal de distrito emitió una orden de alejamiento temporal que impidió a la administración Trump hacer cumplir el despido durante unas semanas. Estas órdenes temporales no son, por lo general, apelables.
Al apelar de todos modos, Trump también está buscando pelea con los tribunales sobre sus propios procedimientos. Incluso si una mayoría de la Corte Suprema finalmente se pone del lado de Trump en el caso de Dellinger, es muy posible que falle en contra de la administración por motivos de procedimiento en esta primera disputa.
En una decisión 2-1 el sábado por la noche, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de Washington dijo que la orden temporal que permitía a Dellinger permanecer en el puesto no era apelable. Revisar tal orden, dijo el tribunal, “sería inconsistente con las normas legales vigentes y desacertado”.
Los dos jueces de la mayoría en esa decisión fueron nombrados por Biden. Un tercer juez, nombrado por Trump, dijo que habría concedido la petición del gobierno de bloquear el fallo del tribunal inferior que suspendió temporalmente el despido de Dellinger.
Si la Corte Suprema está de acuerdo con el tribunal de apelaciones, una cuestión importante para los observadores legales es si alguno de los jueces escribirá opiniones que arrojen luz sobre sus puntos de vista sobre los méritos del caso. Esas opiniones proporcionarían pistas sobre hacia dónde se dirige la lucha legal más amplia sobre las acciones de Trump.
La Corte Suprema está cerrada el lunes por el Día de los Presidentes. Es probable que la apelación del Departamento de Justicia se incluya en el expediente del tribunal el martes y que el tribunal actúe con relativa rapidez, dictando una orden en unos pocos días.
Aunque el caso de Dellinger es el primero que llega a la Corte Suprema del segundo mandato de Trump, no será el último. Tampoco es la pelea legal de más alto perfil en los tribunales federales.
Ya hay más de 60 demandas pendientes, incluidas las que impugnan el esfuerzo del presidente por eliminar la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto y congelar el gasto aprobado por el Congreso. Mientras tanto, múltiples demandas acusan a la administración de violar la ley de privacidad y otras protecciones al permitir supuestamente que los afiliados del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk tomen el control de sistemas informáticos gubernamentales altamente restringidos.
Es probable que muchos de esos casos lleguen al expediente de emergencia de la Corte Suprema en las próximas semanas. Aunque Trump nombró a tres miembros de la actual mayoría conservadora (Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett), ni sus candidatos ni el tribunal en general se han puesto sistemáticamente del lado de Trump.
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