¿Qué le espera a Maduro y Flores en su proceso legal de ahora en más? El juez Hellerstein dio varias pistas
Por Alfredo Meza, CNN en Español
“¿Cuál es la alternativa entonces?”
La recurrente pregunta del juez Alvin Hellerstein desde su estrado, entre frecuentes sorbos de agua, tanto al fiscal adjunto Kyle Adam Wirshba como al abogado de Nicolás Maduro, Barry Pollack, indica cuánto valora la justicia de Estados Unidos la posibilidad de que un acusado, así sea el peor de los delincuentes, tenga derecho no solo a elegir a su defensor, sino a todas las garantías para ejercerla de forma efectiva.
Aunque aún no ha decidido si ordenará a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que emita una licencia para pagar a la representación legal de derrocado mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, el magistrado dejó muy claro que el derecho de contratar a un abogado que ejerza una defensa adecuada prevalece sobre las razones de política exterior y de seguridad nacional argumentadas por la Fiscalía para mantener las sanciones, a pesar de que en algún momento del debate Wirshba cuestionó la autoridad del magistrado para emitir la orden.
Estas son las tres pistas que dejó Hellerstein durante un debate intenso, por momentos áspero, de algo más de una hora.
El juez Hellerstein cuestionó la relevancia de las sanciones de Washington, que empezaron en marzo de 2015 durante el Gobierno de Barack Obama, porque cree que las condiciones han cambiado desde entonces. “Estados Unidos ya está haciendo negocios con Venezuela”, dijo, en aparente referencia al espectacular cambio de la relación bilateral tras la captura de la pareja presidencial y el aumento de la llegada de petróleo venezolano a Estados Unidos gracias a las licencias del Departamento del Tesoro.
Cuando el fiscal Wirshba dijo que, para Estados Unidos, era vital mantener las sanciones por razones de seguridad nacional y de política exterior, que Maduro y Flores tienen fondos para costear el proceso y que las congelación de activos venezolanos no viola los derechos consagrados en la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos (que garantiza el derecho a la defensa), Hellerstein dijo que esas medidas habían sido impuestas mucho antes del proceso judicial contra la pareja presidencial de Venezuela.
“En 2019 (año en el que Washington impuso sanciones al petróleo venezolano y reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país sudamericano) ellos no tenían la expectativa de estar aquí ahora. ¿Dónde está la amenaza a la seguridad nacional? Además, el acusado está sentado aquí, Flores está aquí. Ya no representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Las cosas han cambiado”, dijo Hellerstein.
En la audiencia se destacó la complejidad del proceso que apenas comenzó con la captura de Maduro y Flores, y que, en caso de que ambos mantengan su declaración de inocencia, difícilmente podrá llegar a juicio en lo que queda del año. El juez parece estar ganado a la idea de que Pollack, o cualquier otro abogado escogido por los acusados, pueda seguirse encargando del caso.
En algún momento de la audiencia el magistrado dudó de que los abogados de oficio, por muy competentes que sean, puedan encargarse de una investigación que podría incluir viajes a Colombia y a Venezuela, y además compartir ese trabajo con la defensa de clientes que realmente no tienen recursos para costearse su defensa. En un pasaje de su intervención, el abogado Polack dijo que el gobierno de Venezuela está “listo y capacitado” para hacer el pago, y que es “alguien distinto al contribuyente estadounidense”. Hellerstein estuvo de acuerdo en que una defensa privada tendrá mucho mayor margen para procesar la ingente cantidad de evidencias acumuladas durante años por el gobierno de Estados Unidos. Este trabajo, según expertos, es vital para ejercer una defensa efectiva en un caso que, además, incluye una acusación contra cuatro personas que no han sido capturadas.
Un par de veces Hellerstein dijo que el caso que involucra a Maduro y Flores “no tiene precedentes” y está “más allá de lo normal”.
El juez está obligado a considerar varios aspectos: las sanciones en vigor, el hecho de que aún la Fiscalía no ha demostrado que Maduro y Flores tengan dinero para pagar a sus representantes legales de su propio peculio -en un momento de la audiencia el fiscal Wirshba dijo que el gobierno “sigue investigando” a una pregunta concreta del juez sobre el tema- y el origen de esos fondos. “La Corte no está considerando que estos individuos tienen cómo pagar los gastos de la defensa”, dijo Wirshba.
Hellerstein dejó claro que por ahora no está considerando desestimar el caso, como ha planteado el defensor Pollack en nombre de Maduro, pero pareció inclinado a revisar esa posibilidad en caso de que compruebe que el Departamento del Tesoro desobedezca una orden suya para que el Gobierno de Venezuela pague los costos de los abogados. Le recomendó a la Fiscalía que revisara con la OFAC para ver si se puede emitir la licencia. Si se mantiene la negativa fiscal, Pollack también mencionó la posibilidad de que los contribuyentes estadounidenses terminen cancelando los honorarios de los abogados de Maduro.
¿Qué pasará entonces? En las próximas semanas Hellerstein despejará el misterio.
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